Chile está atravesando un cambio demográfico significativo y sostenido que está transformando la estructura poblacional del país. A medida que avanzamos hacia el año 2050, estos cambios se vuelven más evidentes y sugieren desafíos importantes para la sociedad y el Estado.
Las preferencias religiosas muestran una caída constante a lo largo de las décadas, con un ascenso equivalente en quienes no manifiestan una fe. Durante el período se han conocido numerosos escándalos de abusos por parte de sacerdotes católicos.
La integración social se ha fortalecido con iniciativas específicas a lo largo de los años, pero el tipo de hogar se ha desplazado a familias cada vez menos encabezadas por padre y madre. Los cambios demandan una nueva perspectiva de género.
La legislación chilena plantea que la edad legal de jubilación de mujeres es a los 60 años, y de los hombres, a los 65 años. Los beneficios regulares del Pilar Solidario aplican, sin embargo, a quienes tengan 65 años o más, sin importar si son hombres o mujeres.
El crecimiento de la población se ha ralentizado, pero las políticas públicas que promueven la fertilidad y el influjo de migrantes pueden aportar en el crédito demográfico. El aumento en los segmentos de adultos en edad de trabajar es un factor a tener en cuenta para las nuevas políticas públicas. Junto al envejecimiento de la población irrumpen demandas sociales, la más importante: un nuevo sistema de pensiones.
Las demandas de las comunidades indígenas se politizaron y tuvieron un punto alto en la Convención Constitucional. Sin embargo, el fracaso de ese proceso constituyente abre nuevas preguntas sobre el futuro de la autoidentificación originaria.
Los cambios culturales toman décadas en materializarse. Aunque hubo una caída en el número de matrimonios, su revalorización en la última década (incluida el matrimonio igualitario) ha permitido una estabilización de esos contratos.
Los inmigrantes contribuyen con un nuevo acervo cultural, con dinamismo económico y con cambios laborales, pero su ascenso en 3 décadas obliga a políticas públicas que promuevan su adaptación a Chile.
El desarrollo de las regiones ha tomado mayor impulso con el avance de la infraestructura pública y la movilidad de las personas. Con mayor capital humano y mejores conexiones, la migración interregional es un desafío de la etapa pospandemia.
