El cambio climático, los desastres ecológicos y una mayor preocupación ciudadana por los espacios comunes propiciaron una agenda de transformaciones regulatorias para la protección ambiental.
Desde 1880, la temperatura global no ha dejado de alejarse de su promedio histórico. Esta visualización muestra cómo ha evolucionado año a año, con datos de NASA GISS.
Tres episodios en los últimos 30 años han conmovido al país: el aluvión de Antofagasta (1991), el de Santiago (2002) y el de Atacama (2015). En todos esos casos hubo un desafío de política pública para prevenir desastres futuros.
El cambio climático está detrás del incremento en las temperaturas en todo el mundo. En el caso de Chile, el fenómeno se ha profundizado en los últimos años, con marcas recientes de temperaturas extremas.
La creación de parques nacionales y su expansión a zonas oceánicas protegidas ha sido una política pública de preservación ecológica sostenida a lo largo de las décadas. La cesión de terrenos de la Fundación Tompkins reflejó el rol del sector privado en la materia.
Las exigencias ambientales han tenido al menos dos dimensiones en el período. Por un lado, una nueva institucionalidad ambiental que incluye un ministerio. Por el otro, una marcada reducción en la aprobación de proyectos presentados a evaluación.
Cada verano, la prevención de incendios forestales se vuelve más urgente en Chile. Los megaincendios registrados en 2017 y 2023 en la zona centro-sur no fueron hechos aislados, sino señales de un fenómeno que se repite y se intensifica, impulsado tanto por la acción humana —intencional o negligente— como por los efectos del cambio climático.
La percepción sobre desastres vinculados con precipitaciones, tanto por inundaciones como por sequías, provoca nuevos riesgos agroalimentarios y de asentamientos urbanos en el país.
